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El derecho a reparar y la obsolescencia programada

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Tienes derecho a reparar tus dispositivos

En Estados Unidos, el colectivo de agricultores comenzó a organizarse en el año 2017 para presionar a la Administración respecto a las políticas de reparación de determinadas compañías. En concreto, la punta de lanza de este movimiento fueron los usuarios de los tractores John Deere, una compañía de vehículos agrarios que solo permite reparar sus productos a través de distribuidores oficiales y talleres autorizados por la marca. Al depender exclusivamente del personal técnico de Deere, a menudo los agricultores sufrían retrasos en sus reparaciones, lo que en la práctica ocasionaba importantes pérdidas económicas y les forzaba a recurrir a software pirata para sortear las limitaciones del fabricante. Lejos de conformarse con soluciones improvisadas, los agricultores han impulsado con sus reclamaciones el derecho a reparar, una norma que hoy trasciende al sector agrícola y que está a punto de revolver también la industria del automóvil y la electrónica de consumo, entre otras.

A principios del mes de julio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelantó a los medios que el presidente Joe Biden pronto emitirá una orden ejecutiva, a la que se suma una nueva declaración política de la Comisión Federal del Comercio, que obligará a los fabricantes a publicar tanto sus herramientas de diagnóstico de fallos como la documentación necesaria para abordar la reparación. Esta norma permitirá a la gente arreglar sus propios productos o recurrir a talleres no oficiales, de modo que ya no dependerán de los costosos -y en ocasiones ineficientes- servicios técnicos autorizados por las marcas. Respecto a la Comisión Federal del Comercio, la organización se apresuró a respaldar la orden ejecutiva y aseguró que analizarán detenidamente aquellos casos en los que las compañías apliquen políticas de reparación que infrinjan las leyes antimonopolio.

¿Qué es el derecho a reparar?

El derecho a reparar es una política que obliga a los fabricantes a proporcionar a los usuarios y empresas reparadoras todas las herramientas, piezas y manuales necesarios para reparar un producto por su cuenta, sin depender de los canales oficiales autorizados por el propio fabricante. Este debate se aproxima a otros que llevan años en la opinión pública, como el de la obsolescencia programada o la obligatoriedad de diseñar productos que sean más fáciles de reparar. Por ejemplo, en el caso de los auriculares inalámbricos de una reconocida marca de electrónica, uno de sus principales atractivos diferenciadores es su reducido tamaño, una característica que, según el portal iFixIt, los hace casi imposibles de reparar. Así, el usuario no podrá aumentar la vida útil de estos dispositivos más allá de los dos años de uso, momento en el que las baterías empiezan a rendir por debajo de los niveles aceptables.

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El derecho a reparar permitirá a los consumidores arreglar sus propios dispositivos sin anular la garantía. Los partidarios de la norma también aducen que el reconocimiento de este tipo de derechos fomentará una mayor competencia entre los servicios técnicos, lo que podría reducir todavía más los costes de reparación de todo tipo de productos, desde smartphones o lavadoras hasta tractores. Poder reparar y extender la vida útil de estos dispositivos tendrá también un impacto positivo en el medioambiente al reducir el número de desechos electrónicos que se amontonan en los vertederos.

El derecho a reparar permitirá a los consumidores arreglar sus propios dispositivos sin anular la garantía

¿Cuál es la postura de los fabricantes?

En mayo del 2020, Bloomberg publicó un reportaje señalando a las empresas que, por el momento, más empeño han puesto en evitar que el derecho a reparar se convierta en ley: Apple, Amazon, Google y Microsoft. Estas compañías se escudan en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y la seguridad, argumentando que, de verse obligadas a publicar este tipo de información sobre sus productos, otros fabricantes podrían copiar sus diseños. En cuanto a la seguridad, afirman que el cambio de una batería por una persona sin conocimiento podría suponer un riego para su seguridad personal.

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En la otra cara de la moneda, apoyando el despliegue de las leyes que garantizan el derecho a reparar, están los principales talleres de reparación estadounidenses, que incluso se han organizado entorno a las plataformas Fight to Repair y Repair Preservation Group. Quizás el rostro más conocido que se ha posicionado públicamente a favor de estas leyes es el del cofundador de Apple, Steve Wozniak: “No existiría Apple si no hubiéramos crecido en un mundo tecnológico muy abierto […]. Es hora de empezar a hacer las cosas bien… es hora de reconocer el derecho a reparar”.

El derecho a reparar en Europa

Estados Unidos no es el único país en el que está produciendo este mismo debate: Reino Unido ya ha aprobado una norma que obliga a ciertos fabricantes de electrodomésticos a ofrecer piezas de repuesto a los propietarios de sus productos. En concreto, según la ley, los fabricantes deberán disponer de estas piezas incluso varios años después de que se deje de producir un producto en particular.

En marzo de este año también entró en vigor una ley aprobada por la Unión Europea en noviembre del 2020 que obliga a los fabricantes de neveras, lavadoras, secadores de pelo, televisores y otros electrodomésticos a garantizar que estos productos puedan repararse durante un periodo de diez años. Esta normativa persigue aumentar la durabilidad de estos objetos y reducir su huella ambiental. Según el texto, el objetivo es hacer que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento.

Fuente: CNET

Imagen: Pixabay

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