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La ley de cambio climático

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Aprobada la Ley de Cambio Climático

En enero del 2020, el Consejo de Ministros aprobó el primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que después pasó por el Congreso y, más tarde, por la Comisión de Transición Ecológica, donde los partidos negociaron diferentes enmiendas -más de 750-. Entre las modificaciones que han prosperado, destaca la elevación del objetivo de reducción de emisiones contaminantes del 20% al 23%; la prohibición de la fabricación de vehículos de combustión; el fin de la minería de uranio en territorio español; o situar en un 74% la participación de las renovables en el consumo de electricidad y hasta un 42% de energías limpias en el sistema.

Hoy, el Congreso ha aprobado la que será una de las leyes más relevantes de la legislatura. En las próximas semanas el texto llegará al Senado, donde se espera que se ratifique y entre en vigor de forma inminente. En esta recta final, valoramos alguno de los puntos más relevantes de la Ley de Cambio Climático, lo que nos permite avanzar algunas de las grandes transformaciones que afrontará España en esta década.

Una ley de cambio climático poco ambiciosa

El principal punto de confrontación política ha sido la falta de ambición de la Ley de Cambio Climático a la hora de definir el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Consejo Europeo ha apremiado a los estados miembros a alcanzar la neutralidad climática para el 2050 y, en esta línea, el año 2030 se presenta como un hito a medio camino donde evaluar el impacto de las medidas ya adoptadas y donde corregirlas si fuese necesario. Si el Consejo Europeo acordó, después de vencer las reticencias de países como Polonia o Alemania, elevar el objetivo de reducción de emisiones en 2030 del 40% al 55%, España se ha marcado como horizonte un exiguo 23%.

El presidente de la Comisión de Transición Ecológica, el diputado Juantxo López de Uralde, justificaba así la falta de ambición del texto en una entrevista publicada hoy en la revista Energías Renovables: “España trae un retraso con el aumento de las emisiones desde 1990 con respecto a otros países europeos. Pero el esfuerzo que plantea ese 23% es un esfuerzo similar al que se plantea que tienen que hacer los países europeos. También hay que tener en cuenta que necesitamos una ley que sea capaz de conjugar la ambición con la efectividad, es decir, que realmente sea asumible por los distintos actores sociales, industriales y demás”. Uralde también aclaró que, en todo caso, estos objetivos serán revisados en 2023, previsiblemente al alza.

Con todo, si bien es cierto que esta ley de cambio climático es pionera en España, también los es que otros países de nuestro entorno cuentan con normas similares aprobadas hace años. Sin ir más lejos, su homóloga británica fue aprobada en el año 2008 y, por esta razón, Uralde defiende que, aunque mejorable, la Ley de Cambio Climático representa un primer paso en la dirección adecuada: “¿seguimos discutiendo in aeternum sobre si es ambicioso o no? Casi mejor ponerse a trabajar y, dentro de un tiempo, a hablar”.

Más respeto al medioambiente

En Ochocontres hemos escrito sobre el impacto de las renovables y cómo se ha generado un debate público sobre el coste medioambiental que implica tal despliegue de renovables. Hablamos, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas como Núñez de Balboa, la más grande de España actualmente, que ocupa 1.000 hectáreas de terreno para producir 500 MW. Esta planta podría cubrir dos tercios de la superficie de Badajoz capital y, si tenemos en cuenta los objetivos de penetración renovable que establece la Ley de Cambio Climático, es fácil intuir las dimensiones de lo que está por venir.

Impacto de las renovables, central de Núkez de Balboa
Planta fotovoltaica Núñe de Balboa en Badajoz | cc: Iberdrola

Se espera que la mayoría de estas instalaciones se construyan en zonas rurales del país, generando empleo y actividad económica en áreas con un claro declive demográfico. Esto no es solo uno de los ejes de la Ley de Cambio Climático, de esto trata la llamada “transición justa”, sino que además las características de la España vaciada -buenas condiciones de radiación solar e intensidad de viento, además de precio del suelo muy competitivo- invitan a pensar que se construirán cientos de instalaciones como Núñez de Balboa por todo el país. El problema, advierte un grupo de científicos del CSIC, es que “muchas veces se pasa por alto que estas zonas albergan valores naturales únicos que han convertido a España en el baluarte de la conservación en Europa”.

La solución pasa por la zonificación ambiental, es decir, emplear herramientas cartográficas que tengan en cuenta todos los condicionantes medioambientales que pueden existir en una zona determinada. Respecto a Geo Portal, la herramienta del MITECO con este fin, el ministerio de Teresa Ribera aclaraba que “el objetivo es que sea una herramienta orientadora que sirva para la toma de decisiones de los responsables de planificación y promotores de proyectos, facilitando la identificación, desde el primer momento, de los valores ambientales o figuras de proyección que podrían afectar a las decisiones de ubicación o diseño de los proyectos”.

Adiós a la minería de uranio e hidrocarburos

En octubre del 2020, PSOE y Unidas Podemos pactaron una enmienda que prohíbe “la investigación y el aprovechamiento de minerales radioactivos […] cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional”. También “se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radioactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”. La prohibición de explotar yacimientos de minerales radioactivos no impide su importación, pero sí cierra la puerta a la mina que la compañía australiana Berkeley pretendía abrir en Retortillo, Salamanca.

Mina de uranio de Berkeley en Salamanca
Mina de uranio de Berkeley en Salamanca | cc: El periódico de la energía

Este es un caso complejo, ya que la mina de uranio de Retortillo ha obtenido numerosas licencias y permisos durante los últimos diez años por parte de distintas administraciones. En este momento, solo restaba la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo presidente, José María Serena i Sender, denunció el pasado mes de enero haber recibido presiones por parte de Berkeley. Se espera que el lunes 12 de abril comparezca en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para explicar dichas presiones. En cualquier caso, es posible que la Ley de Cambio Climático se apruebe antes de que el CSN de el visto bueno, impidiendo así la materialización del proyecto e iniciando un largo proceso en los tribunales.

Por otro lado, el primer borrador de la ley incurría en varias contradicciones respecto a las actividades de búsqueda y extracción de petróleo y gas. En su Artículo 8, se impedía de forma explícita la exploración, investigación y explotación de estos recursos en todo el territorio nacional, pero también se dejaba vía libre a que hubiese explotaciones de este tipo más allá de 2050. Finalmente, la nueva disposición transitoria primera cierra la admisión a trámite de la solicitud de concesiones de autorización de explotaciones de hidrocarburos que no hubiesen sido iniciadas antes de esta ley.

Las zonas de bajas emisiones

Los cambios en la movilidad también copan una parte importante de la Ley de Cambio Climático. Con datos del IDAE, el transporte absorbió el 42% del consumo final de energía durante el año 2016, generando el 25% del total de emisiones contaminantes de España. Se trata de uno de los principales vectores de emisiones GEI, ya que el 95% de la energía que consume procede de derivados petrolíferos. En este sentido, la descarbonización del transporte requerirá abordar diferentes perspectivas, desde la electrificación del parque móvil español hasta la transformación de la movilidad urbana.

La ley de Cambio Climático y el vehículo eléctrico
La Ley de Cambio Climático impulsará los vehículos eléctricos y los nuevos modelos de movilidad, como el vehículo autónomo y la movilidad como servicio (MaaS) | cc: Pixabay

La ley contempla instalar al menos un punto de recarga en aquellas gasolineras que comercialicen más de 5 millones de litros de gasolina o gasóleo. Se espera que la Administración asuma un papel activo respecto a las infraestructuras necesarias para el despliegue del coche eléctrico, pero el MITECO calcula que la electrificación masiva se producirá cuando los vehículos de este tipo alcancen la paridad de precios con los convencionales. Según las estimaciones del PNIEC, esto se producirá en el año 2025, propiciado en parte por el abaratamiento de las baterías.

Auditar las flotas de reparto, instalar sistemas que permitan centralizar recursos, modificar la normativa para aumentar la carga media de los vehículos, apostar por la eficiencia en este sector… son algunas de las medidas que veremos concretarse en los próximos años. También la digitalización abrirá nuevas oportunidades para descarbonizar el transporte, por ejemplo, con la popularización de los vehículos autónomos o el concepto de movilidad como servicio (Maas), que llegará en el futuro para desplazar a los modelos más tradicionales basados en el pago por propiedad.

No menos importante es la regularización del suelo público atendiendo a criterios relacionados con la movilidad sostenible. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible similares a las que ya han implantado algunas grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

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