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Energías Renovables

La importancia de la participación local en proyectos renovables en Cataluña

La legislación catalana, ante la gran demanda de proyectos, prioriza aquellos que no alteran el medio en el que se desarrollan y repercuten positivamente en las poblaciones cercanas

La sociedad se encuentra en un imparable estado de cambio hacia la sostenibilidad y eficiencia energética basada en la producción de energías limpias a través de proyectos renovables. La velocidad con la que el mundo consume los recursos obtenidos del propio planeta, y la realidad de desigualdad de materias primas que ha dejado ver el actual conflicto en Ucrania, obliga a los estados a buscar alternativas para que los precios no terminen asfixiando a su población.

Una de las fórmulas con mayor aceptación es la generación de energía renovable en muchas de sus fórmulas. Esto ha provocado que la demanda de apertura de parques solares y de ‘granjas’ eólicas se haya disparado, y los proyectos se acumulen entre trámites burocráticos de la Administración. Sin embargo, en la lucha de la ‘energía limpia’ no todo vale.

Desde todos los gobiernos se está buscando una solución para que la instalación de estas plantas generadoras de energía se haga en el marco de una política integradora que afecte lo menos posible a los espacios utilizados y repercuta de forma positiva y proactiva en las comunidades donde se asienten estos parques.

En la legislación española, la disposición cuarta del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, especifica que en los concursos para conseguir la licencia de construcción se tengan en cuenta criterios socioeconómicos y ambientales en las zonas donde se ubiquen las instalaciones. De esta forma pasan a ser parte de los procesos de licitación los empleos directos e indirectos generados en la zona en todas las fases de construcción y puesta en marcha del parque. También se valora el impacto económico en la cadena de valor industrial local, nacional y comunitaria, medido en términos de inversión.

Esta modificación hace hincapié en la necesidad de la participación local en la inversión previa y propiedad de las nuevas plantas construidas, obligando también a que los proyectos presenten mecanismos de reinversión de los ingresos obtenidos tras la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

A la importancia de la participación local y sus beneficios habría que sumarle el especial interés al entorno geográfico donde se procede a establecer estas instalaciones. Así que los criterios de localización también cobran protagonismo según el grado de afección ambiental, basado eso sí, en la clasificación en distintas zonas en el mapa de “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica” elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La legislación catalana y los beneficios de la participación local

Actualmente, la legislación en España sobre energías renovables se basa en los propios documentos que provienen desde la Unión Europea, como la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, que establece el fomento del uso de energía de fuentes renovables, y se usa como normativa clave para la transición ecológica de cara a conseguir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Esta Directiva reconoce que la planificación de la infraestructura necesaria para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables debe tener en cuenta las políticas relativas a la participación de quienes se vean afectados por los proyectos, en particular la población local. En este sentido, la Directiva introduce la figura de las comunidades de energías renovables como forma de participación de la ciudadanía y las autoridades locales con el fin de permitir una mejor aceptación local de estas energías y una mayor participación de la ciudadanía en la transición energética.

A nivel regional, de momento solo Baleares y Cataluña recogen dentro de sus normas la obligación de la apertura de la participación local en los proyectos desarrollados en estas autonomías, aunque se espera que cada vez más comunidades apliquen estos criterios.

En el caso del territorio catalán es el Decreto Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, el que regula el modo y los criterios que deben presentar los proyectos para conseguir los contratos para sus proyectos. Este Decreto Ley modifica la Ley de 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático; así como el Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables.

Desde el Parlamento de Cataluña se ha incidido en la necesidad de afrontar el reto del desarrollo de las energías renovables con la necesidad de un diálogo social y de priorizar proyectos donde se tenga en cuenta la proximidad de la producción eléctrica de origen renovable a los centros de consumo. También se hace patente la necesidad de priorizar los proyectos cooperativos, comunitarios, ciudadanos y de autoproducción y uso directo de generación de energía a partir de fuentes renovables. Así se busca el objetivo de incrementar la participación local de la ciudadanía en los proyectos de energía renovable, y, por tanto, incrementar su aceptación tal y como se demuestra en aquellos países de la Unión Europea donde el despliegue de las energías renovables se ha desarrollado bajo criterios democráticos de participación en la propiedad.

Así, para quienes decidan presentar un proyecto deberán cumplir unos criterios por ley. Los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en suelo no urbanizable, el promotor deberá acreditar, con anterioridad al trámite de información pública, que ha presentado una oferta de participación local y la disponibilidad o el compromiso de disponibilidad de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación solar o sobre los que se proyecta la cimentación de los aerogeneradores, incluidas las subestaciones eléctricas, y excluidos los accesos y las líneas de evacuación.

En estos casos, la oferta de participación local consiste en ofrecer la posibilidad de participar, al menos en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación, a las personas físicas (directamente o a través de una sociedad vehículo que los agrupe) y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en que se pretende ubicar la instalación, o en los municipios limítrofes a este municipio o los que pertenezcan a la misma comarca, y lo podrán hacer a través de plataformas como Fundeen, que permite invertir en proyectos en energías renovables desde 500 euros teniendo prioridad las inversiones locales.

También se exige algunos requisitos a quienes estén dispuestos a participar, como estar empadronados o tener domicilio social en la zona como mínimo dos años; o por ejemplo que las personas físicas o jurídicas a las que se les ofrezca participar en el 20% de la propiedad o financiación del proyecto de acuerdo con el presente artículo no podrán tener una participación mayor al 10%. Además, se obliga a que la información sobre la oferta de participación se publique en dos medios de comunicación locales y debe quedar abierta hasta la fecha de otorgamiento de la autorización administrativa previa o hasta que se alcance el 20% de la participación.

Todas estas medidas buscan alcanzar el objetivo de que al menos el 30% de la energía renovable de nuevo desarrollo a implantar en el horizonte de 2030 sea distribuida y participada en la propiedad o financiación por la ciudadanía, las pequeñas y medianas empresas, las administraciones locales, las operadoras y comunidades energéticas ciudadanas y las comunidades de energías renovables.

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